Las leyes 39/2015, de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, están suponiendo un importante reto para las administraciones públicas pues vienen a configurar un escenario en el que la tramitación electrónica se constituye como la actuación habitual para la gestión interna, su relación con los ciudadanos y las administraciones entre sí.

Este escenario no está exento de dificultades tantos técnicas como organizativas, una de ella es la de las notificaciones electrónicas, que la Ley determina se realice preferentemente por medios electrónicos y en todo caso cuando el interesado resulte obligado a recibirla por esta vía de acuerdo el artículo 14.2 de la Ley. La práctica de estas notificaciones se pueden realizan por dos medios, bien mediante comparecencia en sede electrónica, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas.

Esta situación  está suponiendo dificultades de acceso a dichas notificaciones por los interesados que resulta obligados a relacionarse por medios electrónicos (personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan actividad profesional, etc.), pues por un lado la dirección electrónica habilitada dado su coste no está siendo utilizada de forma generalizada por las administraciones públicas y la notificación por comparecencia en sede electrónica obliga a  consultar las distintas sedes para recibir sus notificaciones.

Para intentar poner orden en este tema el pasado 21 de Junio tuvo lugar una nueva reunión del órgano de coordinación en materia TIC entre AGE, CCAA, EELL y Universidades en el que se acordaron cuestiones de impacto con respecto a la gestión de las notificaciones electrónicas por las diferentes administraciones públicas.

Este órgano de coordinación, la Comisión Sectorial de Administración Electrónica (CSAE) es el órgano técnico, contemplado en la ley 40/2015, para la cooperación en materia de administración electrónica entre la Administración General del Estado, las administraciones de las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración Local.

Entre las cuestiones acordadas están las siguientes:

Crear el Punto Único de Notificaciones. El objetivo de esta medida es concentrar el acceso a las notificaciones en un solo punto.  Con ello se atiende una de las mayores demandas pues evitará que el ciudadano tenga que estar mirando en diversas sedes para ver sus notificaciones, sino que a través de este punto único en su carpeta ciudadana pueda comprobar sus notificaciones y actuar sobre ella independientemente de las administración que las hayan notificado.

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