Acceso electrónico de los ciudadanos

La nueva Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, publicada en el BOE de 5 de Marzo, y en vigor desde el día siguiente a su publicación, introduce en su Disposición adicional séptima, una modificación de la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, en los siguientes términos:

Uno. Se adiciona un nuevo apartado 5 a la disposición final tercera de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, que queda redactado en los siguientes términos:

«5. Las Comunidades Autónomas y las Entidades integradas en la Administración Local en las que no puedan ser ejercidos a partir del 31 de diciembre de 2009 los derechos reconocidos en el artículo 6 de la presente Ley, en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia, deberán aprobar y hacer públicos los programas y calendarios de trabajo precisos para ello, atendiendo a las respectivas previsiones presupuestarias, con mención particularizada de las fases en las que los diversos derechos serán exigibles por los ciudadanos.

Los anteriores programas podrán referirse a una pluralidad de municipios cuando se deban ejecutar en aplicación de los supuestos de colaboración previstos en el apartado anterior.»

Dos. Los programas mencionados en el apartado anterior deberán ser objeto de aprobación y publicación en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley.

Como se desprende del texto, esta modificación conlleva la obligación para las Administraciones Locales de elaborar, en un plazo de seis meses a contar desde el día seis de Marzo, un programa y calendario de trabajo, con mención particularizada de las distintas fases, en relación con los procedimientos y actuaciones de su competencia, que garantice el cumplimiento del Art. 6, de la Ley 11/2007, relativo a los derechos de los ciudadanos a relacionarse con las administraciones públicas por medios electrónicos.

El Artículo 6, establece el derecho de los ciudadanos de utilizar medios electrónicos, para obtener información, realizar consultas, alegaciones, formular solicitudes, etc. con las Administraciones Públicas.

En el mismo se detallan los derechos reconocidos a los mismos, como los de elegir el canal a través del cual relacionarse con la administración, el de no aportar documentos obrantes en poder de las Administraciones Públicas, el de conocer el estado de la tramitación de sus trámites por medios electrónicos, etc.

En el caso de las Diputaciones Provinciales o Cabildos Insulares, debemos tener en cuenta el apartado cuatro, de la mencionada Disposición final tercera, que determina en el caso de las Entidades que integran la Administración Local, que el ejercicio de estos derechos por parte de los ciudadanos  serán siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias. Pero que a estos efectos las Diputaciones Provinciales, o en su caso los Cabildos y Consejos Insulares u otros organismos supramunicipales, podrán prestar los servicios precisos para garantizar tal efectividad en el ámbito de los municipios que no dispongan de los medios técnicos y organizativos necesarios para prestarlos.

Entendemos, por tanto, que sobre las Diputaciones Provinciales, puede recaer no solo la elaboración del Plan para la totalidad de sus procedimientos y trámites sino para aquellas Entidades Locales, que bien por no permitirlo sus disponibilidades presupuestarias, o por no disponer de los medios técnicos y organizativos necesarios para prestarlos, pudieran recabar que dichos servicios los presten las mismas. Lo que en cierta manera viene a recoger el nuevo apartado, al hacer referencia que los anteriores programas podrán referirse a una pluralidad de municipios.

Recojo a continuación el Artículo 6 y la Disposición final tercera de la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, como ampliación a esta información:

Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos

Título Primero

Derechos de los ciudadanos a relacionarse con las
administraciones públicas por medios electrónicos

Articulo 6. Derechos de los ciudadanos.

1. Se reconoce a los ciudadanos el derecho a relacionarse con las Administraciones Publicas utilizando medios electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como para obtener informaciones, realizar consultas y alegaciones, formular solicitudes, manifestar consentimiento, entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar transacciones y oponerse a las resoluciones y actos administrativos.

2. Además, los ciudadanos tienen en relación con la utilización de los medios electrónicos en la actividad administrativa, y en los términos previstos en la presente
Ley, los siguientes derechos:

a) A elegir, entre aquellos que en cada momento se encuentren disponibles, el canal a través del cual relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones
Publicas.
b) A no aportar los datos y documentos que obren en poder de las Administraciones Publicas, las cuales utilizaran medios electrónicos para recabar dicha información
siempre que, en el caso de datos de carácter personal, se cuente con el consentimiento de los interesados en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, o una norma con rango de Ley así lo determine, salvo que existan restricciones conforme a la normativa de aplicación a los datos y documentos recabados. El citado consentimiento podrá emitirse y recabarse por medios electrónicos.
c) A la igualdad en el acceso electrónico a los servicios de las Administraciones Publicas.
d) A conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos en los que sean interesados, salvo en los supuestos en que la normativa de aplicación establezca restricciones al acceso a la información sobre aquellos.
e) A obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte de procedimientos en los que tengan la condición de interesado.
f) A la conservación en formato electrónico por las Administraciones Publicas de los documentos electrónicos que formen parte de un expediente.
g) A obtener los medios de identificación electrónica necesarios, pudiendo las personas físicas utilizar en todo caso los sistemas de firma electrónica del Documento
Nacional de Identidad para cualquier trámite electrónico con cualquier Administracion Publica.
h) A la utilización de otros sistemas de firma electrónica admitidos en el ámbito de las Administraciones Publicas.
i) A la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Publicas.
j) A la calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos.
k) A elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con las Administraciones Publicas siempre y cuando utilicen estándares abiertos o, en su caso, aquellos otros
que sean de uso generalizado por los ciudadanos.

3. *En particular, en los procedimientos relativos al acceso a una actividad de servicios y su ejercicio, los ciudadanos tienen derecho a la realización de la tramitación a través de una ventanilla única, por vía electrónica y a distancia, y a la obtención de la siguiente información a través de medios electrónicos, que deberá ser clara e inequívoca.

a) Los requisitos aplicables a los prestadores establecidos en territorio español, en especial los relativos a los procedimientos y trámites necesarios para acceder a las actividades de servicio y para su ejercicio.
b)Los datos de las autoridades competentes en las materias relacionadas con las actividades de servicios, así como los datos de las asociaciones y organizaciones distintas de las autoridades competentes a las que los prestadores o destinatarios puedan dirigirse para obtener asistencia o ayuda.
c) Los medios y condiciones de acceso a los registros y bases de datos públicos relativos a prestadores de actividades de servicios.
d) Las vías de reclamación y recurso en caso de litigio entre las autoridades competentes y el prestador o el destinatario, o entre un prestador y un destinatario, o entre prestadores.

*Se recoge la modificación en el apartado 3 por el art. 3.1 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio (BOE 23-12-2009)

Disposición final tercera. Adaptación de las Administraciones
Públicas para el ejercicio de derechos.

1. Desde la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, los derechos reconocidos en el artículo 6 de la presente ley podrán ser ejercidos en relación con los procedimientos y actuaciones adaptados a lo dispuesto en la misma, sin perjuicio de lo señalado en los siguientes apartados. A estos efectos, cada Administracion Publica hará pública y mantendrá actualizada la relación de dichos procedimientos y actuaciones.
2. En el ámbito de la Administracion General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de esta, los derechos reconocidos en el artículo 6 de la presente ley podrán ser ejercidos en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia a partir del 31 de diciembre de 2009. A tal fin, el Consejo de Ministros establecerá y hará público un calendario de adaptación gradual de aquellos procedimientos y actuaciones que lo requieran.
3. En el ámbito de las Comunidades Autónomas, los derechos reconocidos en el artículo 6 de la presente ley podrán ser ejercidos en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia a partir del 31 de diciembre de 2009 siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias.
4. En el ámbito de las Entidades que integran la Administracion Local, los derechos reconocidos en el artículo 6 de la presente ley podrán ser ejercidos en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia a partir del 31 de diciembre de 2009 siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias. A estos efectos las Diputaciones Provinciales, o en su caso los Cabildos y Consejos Insulares u otros organismos supramunicipales, podrán prestar los servicios precisos para garantizar tal efectividad en el ámbito de los municipios que no dispongan de los medios técnicos y organizativos necesarios para prestarlos.

A lo que se añadiría el apartado 5, aprobado en la Disposición adicional séptima de la Ley 2/2011, de 4 de Marzo.

 

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