El derecho al olvido en la Red

 

Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, han propiciado que miles de millones de datos personales puedan ser almacenados indefinidamente en la red. La eficacia de los grandes buscadores, permiten localizar estos datos y hacerlos accesibles a cualquier ciudadano, mediante una simple búsqueda, como reacción a esta situación ha nacido lo que conocemos como derecho al olvido.

Podemos definir el derecho al olvido en la Red, como las iniciativas relacionadas con la capacidad para suprimir o bloquear la publicación de datos personales en Internet, al considerar que afectan a la privacidad o la dignidad personal, exigiendo que no aparezcan en los distintos buscadores ni en las redes sociales.

Se trata en definitiva del ejerce el derecho de cancelación de datos personales, que reconoce la legislación española vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

Pero el ejercicio de este derecho en Internet tiene algunas peculiaridades cuando hablamos de buscadores, dado que es necesario que dichos datos desaparezcan o sean bloqueados en los sitios web donde estén publicados, pues los buscadores se limitan a reproducir lo que se publica en los mismos.

No siempre es factible aplicar tecnologías que impidan la indexación de datos, en muchos casos la información provienen de una fuente pública, como Boletines Oficiales, y no es razonable el borrador de dicha información, ni el bloqueo de toda la información publicadas en los mismos, aunque si se puede actuar parcialmente.

El procedimiento que se suele seguir es reclamar ante el buscador, acudir a la Agencia de Protección de Datos cuando no se obtiene contestación o esta es denegatoria, para terminar en los tribunales.

Pero reclamar este derecho ante algunos buscadores, como Google, no es sencillo como lo demuestran los más de ciento treinta caso pendiente de resolución que se acumulan en los tribunales, en gran manera porque el buscador sostiene que hay que acudir a los tribunales de California, Estados Unidos, donde tiene su sede y que por tanto se encuentra fuera del ámbito de aplicación de la normativa española, ya que solo está sometido a la jurisdicción de EE UU sobre protección de datos.

Ante esta situación, la Audiencia Nacional acordó recientemente remitir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una consulta, en un caso que podría sentar jurisprudencia.

La Audiencia plantea una cuestión prejudicial al máximo tribunal europeo, consultando nueve dudas jurídicas relacionadas con el caso de un ciudadano español que solicitó que se eliminara de los resultados de búsqueda de Google el enlace a un anuncio de un periódico de tirada nacional sobre la subasta de un inmueble suyo por impago a la Seguridad Social.

Las preguntas van dirigidas a conocer si las leyes que rigen en la Unión Europea se pueden aplicar a Google; si los buscadores, cuando indexan la información, están realizando un tratamiento de datos personales, y si la protección de datos incluye el derecho al olvido, es decir, si una persona se puede negar a que informaciones que le afectan, aunque sean lícitas y exactas, sean retiradas porque considere que son negativas o perjudiciales para su dignidad.

Si el Tribunal de Justicia Europeo, admite a trámite la cuestión prejudicial se abrirá un proceso en el podrán intervenir todas partes personadas en la causa española, así como los estados miembros de la Unión Europea que lo estimen necesario. La respuesta vinculará a todos las reclamaciones similares juzgadas en otros Estados miembros.

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