Resumen Ley 39/2015, en materia de Administración Electrónica

PACAP-v.2

Resumen de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administración Públicas, en lo que respecta a la Administración Electrónica.

La Constitución establece en su artículo 103, los principios que deben regir la actuación de las Administraciones Públicas, entre los que destacan el de eficacia y el de legalidad, al imponer el sometimiento pleno de la actividad administrativa a La Ley y el Derecho.

La presente ley, entre otros aspectos, regula los derechos y garantías mínimas que corresponde a todos los ciudadanos respecto de la tutela de la actividad administrativa. Define el procedimiento administrativo entendido como él “… conjunto ordenado de trámites y actuaciones formalmente realizadas, según el cauce legalmente previsto, para dictar un acto administrativo o expresa la voluntad de la Administración…”

Introduce importantes disposiciones en materia de Administración Electrónica, al considerar que el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación ha venido afectando profundamente a la forma y al contenido de las relaciones de la Administración con los ciudadanos y las empresas.

Da un paso más sobre la Ley 11/2007, considerando que la tramitación electrónica no puede ser todavía una forma especial de gestión de los procedimientos sino que debe constituir la actuación habitual de las Administración, porque una administración sin papel basada en un funcionamiento íntegramente electrónico no sólo sirve mejor a los principios de eficacia y eficiencia, al ahorrar costes a ciudadanos y empresas, sino que también refuerza las garantía de los interesado.

Por otra parte viene a tratar de solucionar los problemas que presentaban en esta materia la dispersión normativa y superposición de distintos regímenes jurídicos.

Las principales disposiciones en materia de Administración Electrónica, contenidas en esta Ley son:

Artículo 6. Registros electrónicos de apoderamientos.

Exigen que los registros generales y particulares de apoderamiento de cada una de las Administraciones, sean plenamente interoperables.

Deben permitir comprobar válidamente la representación de quienes actúen en nombre de terceros mediante consulta a otros registros administrativos.

Los registros mercantiles, de la propiedad y notariales serán interoperables con los registros electrónicos generales.

El apoderamiento “apud acta” se otorgará mediante comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica.

Artículo 9. Sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento.

Establece la obligación de verificar la identidad de los interesados en los procedimientos por a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad, en particular serán admitidos los siguientes sistemas:

  • Certificados electrónicos reconocidos.
  • Sello electrónico.
  • Sistema de claves concertadas

Artículo 10. Sistemas de firma admitido por las Administraciones Públicas.

Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento.

Por medios electrónicos se consideran validos:

  • Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada
  • Sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado
  • Cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido.

Artículo 12. Las Administraciones Públicas deberán garantizar que los interesados pueden relacionarse con la administración por medios electrónicos.

Si alguno de los interesados no disponen de los medios electrónicos su identificación y firma podrá ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello.

Se debe crear un registro donde constarán los funcionarios habilitados para la identificación o firma regulada en este artículo, debiendo constar al menos los funcionarios que presten servicios en las oficinas de asistencia en materia de registro.

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Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos

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El Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)

Dicho reglamento actualiza las definiciones y los principios relativos al tratamiento de los datos personales, tratando cuestiones como las condiciones relativas al consentimiento; categorías especiales de datos personales; recoge los derechos del interesado; establece las obligaciones de los responsables y encargados del tratamiento de los datos; incluye la figura del delegado de protección de datos; trata los códigos de conducta y la certificación; las transferencias de datos personales a terceros países u organizaciones internacionales, las autoridades de control independientes, la cooperación, el comité europeo de protección de datos; desarrolla los recursos, responsabilidades y sanciones; así como las situaciones específicas de tratamiento.

En definitiva con esta nueva normativa europea se pretende una ley de protección de datos más moderna y unificada, acorde a los medios de comunicación actuales.

 Podemos diferenciar en dicho reglamento dos vertientes bien definidas, ciudadanos y empresas.

Por un lado, el reglamento permitirá a los ciudadanos tener un control más exhaustivo de sus datos personales. Se facilita y agiliza el acceso del titular de los datos, así como obtener información sobre la utilización de los mismos y como estos son procesados.

Se mejora el “derecho del olvido”, el ciudadano podrá decidir cuando no quiere que sus datos sigan siendo guardados y procesados en la web, bien porque éstos no tienen relevancia alguna o son obsoletos. Igualmente cuando nos demos de baja en un servicio podremos solicitar la eliminación de nuestros datos personales, excepto que exista alguna otra normativa que lo impida.

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Los certificados de persona jurídica deberán dejar de emitirse el próximo 1 de Julio

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El Ministerio de Industria ha publicado una nota informativa sobre la aplicación del Reglamento Europeo eIDAS y sus efectos en los certificados electrónicos.

El próximo 1 de julio de 2016 será aplicable en su práctica totalidad el Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza en las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE.

Este Reglamento no prevé la emisión de certificados de firma electrónica a favor de personas jurídicas o entidades sin personalidad jurídica. A las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica reserva únicamente los sellos electrónicos, que permiten acreditar la autenticidad del origen y la integridad del documento sellado.

Al ser directamente aplicable, sin necesidad de transposición interna, el Reglamento comunitario desplazará desde el 1 de julio, los preceptos de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, que se opongan a su contenido, entre ellos, los relativos a los certificados electrónicos de personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica.

Por ello, deberán dejar de emitirse certificados de firma electrónica de personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica antes del 1 de julio de 2016. En su lugar, pueden expedirse certificados de sello electrónico o certificados de firma de persona física representante de persona jurídica o entidad sin personalidad jurídica.

Los certificados de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica emitidos antes del 1 de julio de 2016 podrán seguir utilizándose hasta su caducidad o revocación, pero no podrán renovarse después de esa fecha.

Los certificados emitidos como reconocidos se relacionarán en la base de datos nacional y en la lista de confianza de prestadores de servicios de certificación como certificados no reconocidos, en la forma prevista por la Decisión de ejecución (UE) 2015/1505 de la Comisión, de 8 de septiembre de 2015, por la que se establecen las especificaciones técnicas y los formatos relacionados con las listas de confianza de conformidad con el artículo 22, apartado 5, del Reglamento (UE) no 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior.

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